No se trata, como lo mencionan las cajas de resonancia de las multinacionales, de “alcabaleros, ambientalistas” y “oportunistas de toda índole”. Es una fuerza social informada que a punta de argumentos ha generado un proceso de resistencia civil para advertir a la sociedad colombiana de las funestas consecuencias sociales, económicas y ambientales que se producirán de seguir con el legado minero que dejó Uribe y que ha convenido el actual régimen en alianza con transnacionales mineras y especuladores financieros.
Como tareas urgentes para el primer periodo de 2011, están las de acompañar, impulsar y visibilizar las acciones, movilizaciones y denuncias de los comités cívicos, sindicatos, asociaciones mineras y demás organizaciones que se han constituido en las principales zonas de explotación y de proyección minera:
• A lo largo y ancho del país, las asociaciones y federaciones de mineros se están agrupando para resistir el embate que contra su actividad inició el gobierno de Uribe y profundiza el de Santos. Desde el Establecimiento avanza una acuciosa campaña que pone a estos productores nacionales en el mismo costal con la minería que desarrollan grupos al margen de la ley. La propaganda oficial en contra de la pequeña minería, les impide el acceso a las herramientas y materiales adecuadas para realizar su actividad, produciendo lamentables accidentes que le han costado la vida en el último año a cientos de colombianos, como sucedió en Amagá, Antioquia en el 2010, y recientemente en Sardinata, N. de Santander y Sutatausa, Cundinamarca.
• En la Guajira, los trabajadores de El Cerrejón aprobaron la huelga en medio de la represión de la compañía y Sintracarbón continúa presionando por mejores condiciones laborales para los más de 5.000 trabajadores tercerizados. Además, protestan por la defensa de la salud y la educación en una región con los índices de necesidades básicas insatisfechas más altos del país. El 9 de febrero se realizará una jornada de movilización con los trabajadores, sus familias y la comunidad guajira.
• El Comité Ciudadano en defensa del páramo de Santurbán, en Santander, junto con destacados sectores gremiales como Fenalco, la Sociedad Santandereana de Ingenieros, la Cámara de Comercio y la Sociedad de Mejoras Públicas, están invitando a toda la comunidad a una marcha para el 25 de febrero, en defensa del agua y contra el proyecto Angostura, de la canadiense Greystar Resources. Así, los santandereanos se preparan para la audiencia pública convocada para el 4 de marzo, para saldar definitivamente el proyecto.
• En Marmato se está consolidando el Comité Cívico y se han sumado importantes sectores de la sociedad caldense para defender a los habitantes, trabajadores y pequeños mineros de la zona, contra el proyecto de la empresa Medoro Resources.
• En la Provincia García Rovira, Santander, el Comité de Defensa del páramo del Almorzadero durante dos décadas ha frenado el avance minero, y en el municipio de Cerrito, a través de una Iniciativa Popular Normativa, aprobada por unanimidad por el Consejo Municipal y apoyada por la alcaldía municipal excluye el área del páramo correspondiente a la jurisdicción de ese municipio las actividades mineras. Mientras se fortalece la resistencia en los municipios vecinos de Norte de Santander
En medio de esta situación, las 51 organizaciones nacionales que conforman Reclame se están preparando para realizar el Segundo Encuentro de la red, el 8 y 9 de abril de este año, en el que se definirá un plan de acción conjunto y de crecimiento en la unidad, para enfrentar la actual política minería, que le genera más conflictos y costos que beneficios para el país.
RECLAME - 3 de febrero de 2011
www.reclamecolombia.org
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